La propuesta de reforma del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privado del presidente Gabriel Boric, que busca poner fin al modelo de capitalización individual, costaría alrededor de 4.500 millones de dólares, según adelantó el ministro de Hacienda Mario Marcel.

La reforma propone la creación de un administrador público de fondos basado en la solidaridad trabajador-empleador-Estado.

Sandra Marín, vocera de la coordinadora 'No más AFP', una organización creada para impulsar el final del modelo de capitalización previsional individual creado durante la dictadura de Pinochet (1974-1990), critica el actual proyecto en diálogo con Sputnik, porque "las AFP no se terminan, continúan”, .

“Desde la coordinadora creemos que se fortalecen a través de las gestoras de inversión. Diferencias tampoco van a haber porque continúa la capitalización individual", agregó.

El proyecto del Gobierno mantendría las contribuciones individuales y crearía un aporte que aumentaría gradualmente hasta 6% de parte de los empleadores. Para Marín, esto puede hacer una diferencia con el sistema actual, pero “está la discusión sobre si se van a un fondo individual o un porcentaje de este a un fondo solidario", complementó Marín.

El Estado contribuirá mediante un programa creado hace pocos años, denominado Pensión Garantizada Universal (PGU) equivalente a 250.000 pesos (cerca de 250 dólares), que ya entrega pensiones básicas para jubilados vulnerables, en una nueva modalidad que reconocería el trabajo doméstico y de cuidados, que contempla compensaciones significativas para las mujeres.

Al respecto, Marín sostiene que "hay una tremenda diferencia en el monto de jubilación que desfavorece a las trabajadoras por las pérdidas de los fondos de pensiones en la capitalización individual. Están jubilando con 60.000 a 74.000 pesos (60 a 74 dólares), y en la pensión universal, el monto es mayor".

La propuesta de la coordinadora, "es que todas las mujeres se puedan jubilar a los 60 años, teniendo presente que puedan ser favorecidas con la pensión universal", porque las mujeres que son trabajadoras y que tienen una pensión contributiva, "están sacando menos de la media".

Al ser garantizada la pensión universal a los 60 años, "el Estado se puede hacer cargo de esa diferencia y eso dice que es el Estado el que asume las pensiones hacia los trabajadores y trabajadoras y no así las AFP", complementó Marín.

La iniciativa del Gobierno de la coalición Apruebo Dignidad, busca sentar las bases para la creación de un sistema mixto de pensiones que conste de un actor institucional público, en el que los trabajadores puedan optar sobre quién administra sus ahorros previsionales.

Chile camino a un sistema mixto de jubilaciones tras el fracaso de las AFJP

“Eso no significa que no vayan a existir administradores privados de inversiones; al contrario, se crea la figura del inversor privado de pensiones y las actuales AFP van a poder convertirse en inversores privados de pensiones. Pero al separarse la administración de cuentas de la administración de fondos, van a disminuir las barreras a la entrada y probablemente van a poder entrar más competidores al mercado”, subrayó el ministro Marcel en rueda de prensa.

El costo de 4.500 millones de dólares —alrededor del 1,5% del PIB chileno—, que asumió como costo de la reforma previsional el ministro de Hacienda Mario Marcel en conferencia de prensa del pasado lunes 7 de noviembre, depende de dos ejes que tienen en común la venia del Poder legislativo de Chile: la reforma previsional en sí misma, con todos los cambios que propone al sistema, junto con la aprobación de la esperada reforma tributaria, que financie la nueva institucionalidad previsional.

Marín sostiene que la barrera para esta reforma, "justamente tiene que ver con la reforma tributaria. Esta reforma financiaría el programa". A nivel nacional, "hay un estimativo de 2.300.000 personas de 65 o más", que dependen de la nueva red de seguridad social propuesta por el Gobierno.