Como nunca antes, los factores de poder en la Argentina decidieron enfrentarse con todo el arsenal a su disposición, la guerra se libra en los medios de comunicación, en el congreso y los tribunales.

Los empresarios juegan a dos puntas temerosos de quedar del lado perdedor, aunque algunos con alma de gurka lo apuestan todo, pensando en una restauración del orden pre democrático. Comodoro Py, sigue siendo el mascaron de proa de un stablishment que se resiste a ser minimamente regulado por un estado que no puede controlar ni cuantas toneladas de soja se exportan realmente por los puertos de gestión privada que los 90 nos dejaron.

Como decía Pino Solanas, el expolio continúa lentamente desangrando a la nación, a costa de un ejercito cada vez mas grande de pobres e indigentes. Los movimientos del tablero de ajedrez solo tienen por finalidad llegar al jaque del oponente, no hay tregua posible a la vista.

Estamos hoy, muy cerca de convertirnos en una democracia fallida como lo es Perú, solo un giro inesperado podría dar a luz el nacimiento de la nueva República, emulando las distintas etapas que vivió en su historia Francia.

Parte de Guerra

La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar el viernes pasado a una serie de medidas que pidió el fiscal Carlos Stornelli para investigar el origen de la filtración de chats del ministro de Justicia y Seguridad porteño que ahora tomó licencia de su cargo, Marcelo D’Alessandro.

D’Alessandro había planteado en una denuncia penal que el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade podría estar vinculado a la filtración de las conversaciones y el fiscal Stornelli impulsó la investigación penal con un requerimiento en el que solicitó obtener información detallada sobre el sitio que publicó las conversaciones, así como también que la Justicia recupere la emisión radial en la que Taihlade anticipó que se conocería más contenido del teléfono del ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

¿Seremos Perú o Francia? Asistimos perplejos a la brutalidad por el poder desde la vuelta a la Democracia

a jueza hizo lugar a las medidas que consideró más urgentes para preservar como prueba lo que podía desaparecer. Por eso solicitó a la empresa “Cloudflare”, la empresa prestadora de servicios que proveyó la plataforma al sitio “Whois.domaintools.com”, información sobre la contratación, el pago y la información relacionada al sitio.

Stornelli había pedido investigar la titularidad del sitio difundido por Tailhade, la fecha de creación y las direcciones de IP de creación del sitio, así como también el historial de conexiones IP y otros datos de interés sobre su administración.

Además, el fiscal pidió certificar los tuits emitidos por Tailhade en los días en que se difundieron los chats, y lo relaciona con una maniobra de inteligencia ilegal. Tailhade se desempeñó como director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el último gobierno de Cristina Kirchner, cuando la central de espías estuvo a cargo de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena.

La jueza empleada y denunciada

La figura de la jueza María Eugenia Capuchetti quedó en la mira luego de que se conociera que trabaja para el gobierno porteño. La magistrada a  cargo de la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta ocupa un cargo como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública, lo que provocó una fuerte crítica del kirchnerismo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sostuvo que “los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, tras afirmar que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “está contratada” desde el año 2019 “por el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta” en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.

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En realidad, este cargo lo ocupa desde 2017. En ese entonces aún no era jueza: Capuchetti juró en mayo de 2019 y quedó al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, que había dejado vacante Norberto Oyarbide. Su pliego fue aprobado con el apoyo de las bancadas de Cambiemos y del Peronismo Federal. El kirchnerismo votó en contra.

El instituto de Seguridad está a cargo de Gabriel Unrein y Juan Bautista Mahiques (jefe de los fiscales porteños) que participó del viaje a Lago Escondido junto a jueces, empresarios y funcionarios. Todos son investigados por dádivas. “Desde hace 4 años la jueza encargada de investigar el atentado contra Cristina Kirchner, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de (Mauricio) Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ´investigadora´, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia”, continuó el ministro de Justicia nacional.

Tweet de Martin Soria

En la defensa que hizo el gobierno de la Ciudad, se explica que “La Dra. María Eugenia Capuchetti, DNI 22.810.766, se desempeña como docente de este Instituto Superior de Seguridad Pública en diferentes roles desde el año 2014. En dicho año se ha desarrollado como profesora en el dictado del ´Curso de Ascenso de Inspectores y Subinspectores´. Este instituto funciona bajo la órbita del ministerio de Justicia y Seguridad porteño comandado hasta esta semana por Marcelo D’Alessandro, quien debió pedir licencia por estar denunciado por presuntos chats con fiscales, empresarios y funcionarios de la Corte Suprema.

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Según el portal Noticias La Insuperable que dio a conocer que Capuchetti trabaja para el gobierno de la Ciudad “Un Investigador Senior se encuentra al 100% del NIVEL E dentro del rango de los sueldos del Personal Civil sin Estado Policial, que equivale al 60% del sueldo básico fijado para el personal del nivel A que es de 4.600 Módulos Retributivos para el Personal No Policial (MONOPOL). El valor de un MONOPOL, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 256/MHFGC/22 (que firmó D’Alessandro) fue establecido desde noviembre pasado en $77,5222, con lo cual, nuestra Capuchetti, se lleva de las arcas porteñas $213.961,27 todos los meses”. Desde la Ciudad, sobre esto detallaron que “a partir del año 2017 y hasta la fecha ha sido designada como Investigadora en el ámbito del Observatorio de Políticas de la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya categoría posee un sueldo de $73.924,63. En dicho marco elaboró el trabajo de investigación ´La erradicación de la violencia contra la mujer: Medidas implementadas por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires´”.

El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ´la magistratura judicial con toda actividad política´ y ´cualquier actividad profesional´. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”, explicó Soria. El gobierno de Larreta responde que se desempeña como docente, cargo que, de todos modos, podría ser incompatible con las causas que tiene ya que el Instituto depende del PRO. “Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py”, concluyó el ministro en una serie de mensajes que retuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti está al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta. Al ser recusada no se corrió pero delegó la investigación en el fiscal Carlos Rivolo. Esto podría provocar una nueva recusación por parte de la querella que responde a Cristina Kirchner. Además, la semana próxima podría afrontar denuncias para que se investigue el vínculo con la Ciudad. Capuchetti investiga además causas que involucran a la gestión e Juntos por el Cambio a cargo de Mauricio Macri.

Velando las armas del Juicio a la Minoria Automatica

Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, confirmó este sábado que desde su espacio evalúan citar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al Congreso en el marco del próximo tratamiento del pedido de juicio político impulsado por el Gobierno contra el máximo tribunal. “¿Cómo lo vamos a descartar, si son los acusados?”, manifestó en una entrevista radial en la que también ahondó sobre el pedido que les hizo el presidente Alberto Fernández a los legisladores del oficialismo y sobre los ejes de la acusación.

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Al ser consultado en CNN Radio sobre la posibilidad de que la comisión de Juicio Político cite a los jueces supremos al Parlamento, Martínez explicó cómo es el tratamiento de un pedido de juicio político en la Cámara Baja. “En una primera etapa se hace un análisis formal de las condiciones que sustentan el juicio político y se abre un sumario. Después viene la etapa probatoria, donde uno trata de reunir la mayor cantidad de elementos para sustentar la acusación”, dijo y agregó: “Allí se puede obviamente pedir la presencia de aquellos que son acusados. Por lo tanto, eso está bajo análisis”.

A continuación, al legislador le preguntaron si desde el Gobierno habían pedido a sus diputados citar a los miembros de la Corte, a lo que respondió: “¿Cómo lo vamos a descartar, si son los acusados en este proceso? Vamos a invitar a todos los que tengamos que invitar”. Y enfatizó: “Pensamos que el tema tiene una trascendencia institucional enorme. Ha habido por parte de la Corte sistemáticas incursiones en competencias que son del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Hablamos de aspectos institucionales que afectan al conjunto de la democracia, gobierne el FdT u otro espacio político”.

A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Presidente para comenzar a analizar el pedido de juicio político contra el máximo tribunal, Martínez dio detalles sobre el encuentro que mantuvo con Fernández respecto del tratamiento de la iniciativa. En la reunión, de la que también participó la diputada y presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, dijo que Fernández les hizo una serie de pedidos.

“Primero el Presidente nos pidió que la solicitud realizada por él y por los gobernadores de las provincias pueda tener trámite parlamentario. Eso implica la canalización administrativa necesaria para que nosotros podamos tener condiciones de tratarlo en la comisión de Juicio Político y que podamos allí iniciar el proceso solicitado”, indicó y continuó: “Después, nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas (...) También nos recomendó un apego absoluto no solamente a lo que indica el reglamento de la Cámara, sino de la comisión de Juicio Político”.

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Con relación a la escasez de diputados oficialistas para la aprobación del pedido, el jefe de la bancada del FdT planteó: “Nosotros trabajamos para que pueda tener aprobación en el ámbito de la comisión y también en el recinto. Excepto en 2015, cuando hubo un intento de juicio político contra el juez de la Corte [Carlos] Fayt, nos tenemos que remontar al año 2003 o 2004 para encontrar un escenario parecido al que estamos viviendo hoy con la Corte Suprema de Justicia. En ese momento también se dudaba de la capacidad del por entonces presidente [Néstor] Kirchner de generar las mayorías necesarias para avanzar, por ejemplo, con el juicio político contra Moliné O’Connor. Así que nosotros vamos a trabajar para eso”.