Se trata del auditor y operador judicial, Francisco Javier Fernández, que ahora integra la Auditoría General de la Nación (AGN)

Su asunción estuvo marcada por los casos del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, que fuera condenado a seis años y medio como “partícipe necesario” de una red de comercialización de droga en su distrito; y de la diputada nacional por Chaco, Aída Ayala, que fue procesada por la justicia federal de su provincia por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” cuando se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior entre 2015 y 2017.

Los Cuadernos de Francisco Javier Fernández, el Monje Negro de la AGN

Tanto Varisco (Fallecido) como Ayala son afiliados a la UCR, integraron Juntos por el Cambio, mientras que Fernández se reivindica peronista, pero mantiene relaciones políticas tan estrechas con el PJ como con el radicalismo. Esos vínculos lo transformaron, aunque él lo niega, en un temido operador del aparato de inteligencia estatal sobre la Justicia Federal.

Tanto poder acumuló desde su llegada a la AGN, en octubre de 2001, que también intervino en el negocio de los medios: primero como socio del empresario Daniel Hadad y luego de su amigo, el vaciador del Grupo 23, Sergio Szpolski, procesado por no pagar los aportes patronales de sus trabajadores y denunciado ante la justicia por el presunto lavado de activos públicos en la venta fraudulenta del diario Tiempo Argentino.

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Szpolski sigue libre a pesar de las denuncias en su contra, pero nunca perdió el estrecho vínculo que mantiene con Fernández y, por su intermedio, con figuras que el radicalismo prefiere dejar bajo la alfombra, como el ex subjefe de la SIDE y ex vice de Boca, Darío Richarte, el empresario de juegos de azar y ex titular del club, Daniel Angelici y el exministro de Raúl Alfonsín y miembro del Comité Nacional del partido, Enrique “ Eterno Coti” Nosiglia.

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Poco después de la transmisión del mando presidencial del 10 de diciembre del 2019, los miembros del colegio que gobierna la AGN designaron en forma a Fernández como titular del organismo de control que depende del Poder Legislativo y debe ser presidido por un miembro de la oposición. A pesar de la trama que lo respalda y lo mantiene a flote, la llegada de Fernández al mando de la AGN incomodó a peronistas, macristas y radicales.

El cargo estuvo en manos del peronista Oscar Lamberto, que presentó su renuncia el 5 de diciembre de ese año y dejó el cargo vacante. Ante las consultas de VisionPolitica.info, los representantes de las principales fuerzas políticas dentro del Congreso admiten conocerlo, pero eligen ampararse en el silencio para hablar sobre su futuro, debido a la densidad de la vidriosa relación que le adjudican con el aparato de inteligencia estatal y el vínculo que mantuvo con el exjefe de la SIDE, Antonio Stiuso.

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Quizás en ese temor, en su capacidad de daño, o una curiosa indiferencia, radica la incapacidad que exhibieron todos los bloques opositores para definir a un reemplazante “menos polémico”, antes de que el colegio de auditores pusiera a su integrante más antiguo e influyente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 de la Constitución Política, el Auditor General de la República será elegido para un período de dos años por el Consejo de Estado, de terna presentada por la Corte suprema de Justicia

Al dirigente Jesús Rodríguez (radical) le adjudican una amable convivencia con Fernández, “gracias al eterno auspicio de Nosiglia”, acotó un diputado boina blanca que pidió el anonimato. Este éxito, le permite a la UCR controlar el organismo con Fernández como “un mal recuerdo” que sólo dejará el Colegio de Auditores cuando se jubile o renuncie.

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Yo no me definí como soldadito peronista, no nos equivoquemos. Trabajo siempre en la pirámide y no me voy del partido ni cambio de partido. Soy un militante peronista, como lo fue toda mi familia. Soy peronista de derecha”, le dijo Fernández a la revista Crisis en la primera entrevista que concedió en más de una década, donde omitió hablar de Szpolski y también admitió que hablaba con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando ejerció la Jefatura del Estado. La auto reivindicación política del entrevistado también confirma su influencia en el círculo rojo.

Los Cuadernos 

Comodoro Py lo vió en 2018 cuando tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadío en la llamada Causa de los Cuadernos, donde el chofer Oscar Centeno lo mencionaba como Javier de Inteligencia, para identificarlo como presunto receptor de dinero ilegal de las recaudaciones que le adjudicaron al exsecretario de coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

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Las Fotocopias que le sacan el sueño a Pancho

En su declaración indagatoria, el doctor Fernández negó los cargos y dijo que no recibió ningún bolso ni dinero espúreo, dijo Domingo Montanaro, abogado de Javier Fernández, el hombre sindicato como el “operador judicial” del kirchnerismo durante gran parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se presentó ante el juez Bonadio.

Ante el escándalo por la causa de las fotocopias de los cuadernos varias veces convenientemente resucitados,en su momento, Norberto Oyarbide aseguró ante la Justicia que Javier Fernández y el exjefe de la SIDE, Jaime Stiuso, “le apretaron el cogote para cerrar una investigación por “enriquecimiento ilícito” que comprometía al matrimonio Kirchner, algo que le valió el ex juez vivir perseguido hasta el último día de su vida. 

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El expediente contra el histórico operador judicial peronista había surgido como una derivación de la causa de los cuadernos de las coimas. En los registros de Oscar Centeno, Fernández era mencionado en 2015 como Javier de Inteligencia”, vínculo que él negó cuando declaró en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio.

Bonadio promovió la apertura de la causa contra Fernández, luego de recibir un informe de la AFIP que indicaba posibles irregularidades en su patrimonio. La denuncia, sorteada en diciembre de 2019, recayó en el juzgado de Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Taiano.

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El informe de la AFIP se refería a “inusualidades” que, entre otras circunstancias, “llevaron a que en el año 2015 el total del ingresos declarados por el nombrado [Fernández] registraran una variación del 289% respecto del año anterior, siendo los ingresos exentos los que mayor incremento han experimentado”. El incremento patrimonial se dio en el mismo año en el que, según los registros de Centeno, Fernández habría recibido bolsos de Roberto Baratta. Según la información de los cuadernos, la casa de Fernández era el único lugar en el que Centeno entregaba bolsos en lugar de recibir.

El informe de la AFIP que llegó a manos de Bonadio señalaba, entre otros elementos, la existencia de tres plazos fijos que Fernández tenía en el Banco Macro con familiares (uno de ellos, su hermano Sergio, camarista), e informaba que el propio banco decía desconocer el origen de los fondos.

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Afirmaba, por ejemplo, que en 2015 Fernández había declarado “rentas exentas en su declaración jurada por $8.120.899″ correspondientes al rubro “intereses originados en depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo, otros”. Y agregaba: “No se ha podido verificar la realidad económica de los mismos ya que los depósitos en dinero al inicio del 2015 y su reinversión tendrían que haber experimentado una rentabilidad muy superior a las ofrecidas por el mercado financiero para dicho período”.

El fiscal Eduardo Taiano (Hoy a cargo de la investigación del atentado contra CFK) dictaminó que no halló irregularidades en el patrimonio de Javier Fernández y pidió su sobreseimiento

El año pasado, con Casanello de licencia, Taiano emitió un dictamen a favor de Fernández, en el que pidió su sobreseimiento. Entendió, a partir de un estudio contable sobre sus declaraciones juradas, que no había irregularidades en las cuentas declaradas por Fernández.

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El fallo de Lijo reseña las observaciones de la AFIP y relata que el fiscal sostuvo que, tras la defensa de Fernández, no se detectaron irregularidades, pero no detalla por qué.

Según el fallo de Lijo, el fiscal concluyó que, luego de analizar la documentación aportada por la defensa de Fernández, resultó que los sucesos denunciados carecían de “relevancia penal”.

Taiano sostuvo: “No es posible subsumir los hechos en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, toda vez que el nombrado [Fernández] ha justificado de manera fehaciente la procedencia del incremento patrimonial declarado en el año 2015 y, fundamentalmente, ha brindado las explicaciones pertinentes respecto de la variación advertida por la AFIP en relación con la declaración jurada correspondiente al ejercicio anterior”.

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El fiscal agregó: “Fernández construyó un cuadro probatorio que presenta un estado de verosimilitud que permite tener por comprobadas las explicaciones invocadas y descartar irregularidades en su evolución patrimonial”.

En el fallo que dispuso el sobreseimiento, Lijo escribió: “Compartiendo los argumentos del fiscal federal, en el sentido que el imputado en su presentación ha dado respuesta a cada una de las ‘inusualidades’ señaladas en el informe efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos; entiendo que los sucesos denunciados carecen de relevancia penal”.

El juez Ariel Lijo firmó el fallo que favoreció a Javier Fernández mientras subrogaba momentáneamente el juzgado del juez Sebastián Casanello

Fernández había negado en la Justicia que fuera cierto el contenido de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Todos le deben un favor en la Familia Judicial

A pesar de que siempre lo negó, tuvo una enorme influencia sobre los tribunales federales durante los gobiernos kirchneristas. Hace diez años, su aval era decisivo para el nombramiento de los jueces federales. Uno de los jueces más cercanos a Fernández es Luis Rodríguez, titular del juzgado federal N°9. Fernández es el padrino de la hija del juez. El hijo del juez Luis Rodríguez trabaja actualmente en la AGN.

Fernández designó en la AGN, durante la última década, a varios familiares de jueces y fiscales de Comodoro Py. Por ejemplo, a una hija del ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral, Malena, que se desempeñó en la AGN junto a Fernández y luego pasó a la oficina de escuchas. El secretario de Roberto Baratta, Nelson Lazarte, también había sido contratado por Fernández en la AGN.

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Por la Auditoría pasaron además el hermano del camarista federal Martín Irurzun, Alejandro, que dirigió la gerencia de Sistemas. Y el hijo del exfiscal de cámara Germán Moldes, Germán Manuel, que estuvo a cargo de la Secretaría Legal del organismo. También ocupó allí un cargo menor el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, acusado por la exdiputada Elisa Carrió de tráfico de influencias.

Antonio “Jaime” Stiuso, exdirector de la SIDE y referente indiscutido del espionaje durante más de diez años, declaró en un expediente judicial que Javier Fernández era un hombre suyo, al referirse al episodio en el que, en 2011, una banda baleó el auto en el que viajaba Fernández, en el barrio de Colegiales. 

La doble vara del partido judicial ya firmó la condena en la llamada "causa vialidad" de la vicepresidenta, dos veces elegida para la primer magistratura; Pero el cuaderno de Javier de Inteligencia, permanece hasta ahora oculto de miradas indiscretas, debería el auditor conseguir un letrado muy pronto.